Comunicado de la AEE sobre el primer año de la gestión Funes

¿Cambio de gobierno o gobierno del cambio?:

Evaluación del primer año de la gestión de Mauricio Funes

A un año de haber asumido el control del órgano ejecutivo el gobierno de Mauricio Funes, es preciso realizar un ejercicio comparativo que permita determinar si existen o no diferencias sustanciales entre “el gobierno del cambio” y el anterior administrado por Antonio Saca; asimismo, es necesario verificar el cumplimiento (o incumplimiento) de las principales promesas de campaña realizadas por el actual máximo gobernante del país. En ese contexto, la Asociación de Estudiantes de Economía de la Universidad de El Salvador se pronuncia ante el primer año de gobierno del presidente Funes haciendo un breve repaso de las principales políticas públicas y medidas implementadas, especialmente en el área económica.

Plan Global Anticrisis

El inicio de la gestión Funes fue también el inicio de la puesta en marcha del Plan Global Anticrisis; proyecto que tenía por objetivo paliar la situación en la que asumía el nuevo el gobierno. Sin embargo, a un año de iniciado el Plan, pocos son los resultados que logran palparse. En efecto, la mayor parte del plan no fue ejecutada y la que se ejecutó, peca de haber sido lo suficientemente tibia para no lograr cambios estructurales que permitieran prever una mejoría económica sostenible en el largo plazo.

El componente quizá más cuestionable es el referente a la creación de empleos. De hecho, la administración pública, en sus distintos niveles, comenzó un proceso de desplazamiento masivo de personal a partir de agosto del año pasado, dejando a muchas personas sin empleo. El fortalecimiento de las finanzas públicas, para cuyo propósito se pensaba implementar el anteproyecto de reforma tributaria en noviembre de 2009, terminó por ser simplemente una reforma administrativa que no será suficiente para sanear la crítica situación de déficit fiscal en la que se mueve el sector público. Tampoco la creación del sistema de protección social universal ha dado mayores resultados, siendo así que el acceso a alimentos, bienes y servicios de consumo estratégico se ha deteriorado en términos netos.

El único componente del Plan que medianamente ha sido puesto en ejecución ha sido el apoyo a la producción agrícola. Sin embargo, contando con que no se han modificado falencias estructurales como los desequilibrios de balanza comercial y se ha ratificado ya el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, el fortalecimiento del sector productivo puede quedarse en un intento bastante burdo de sopesar la situación de crisis, dejando de lado los problemas de largo plazo que puedan suscitarse en un panorama de baja competitividad internacional y de una desarticulación del tejido productivo nacional.

Política Fiscal

Ante un panorama cada vez más complicado en las finanzas públicas de El Salvador la respuesta del Ejecutivo fue una reforma tributaria que incluyó principalmente el aumento de la tasa impositiva a las bebidas alcohólicas, tabaco, armas y municiones, impuesto a la primera matriculación de los vehículos y otras, que pretendía recaudar alrededor de $250 millones según el Ministerio de Hacienda; sin embargo, tras intensos debates en la Asamblea Legislativa y las presiones de la empresa privada, las previsiones se recortaron a 150 millones de dólares; bajo este panorama y si sumamos todos los problemas operativos que se tuvo para poner en marcha todas estas reformas mencionadas podemos decir que sus efectos en la recaudación tributaria todavía son mínimos, sin embargo, cabe mencionar que tras estas reformas se ha empezado a hablar desde el gobierno de un pacto fiscal que sin duda sería un instrumento que ayudaría a recuperar las finanzas públicas del país.

En cuanto a la política de endeudamiento de la administración Funes tal parece que es la misma de las administraciones anteriores; según cálculos de profesionales de las finanzas públicas la deuda pública del país sobrepasa con creces el 50% del PIB, y al sumarle a esto la deuda previsional actualizada y la deuda privada resulta que la deuda total del país sobrepasa el 100% del PIB (Arias Peñate, 2010). Tal situación de la deuda es grave y exige al gobierno actuar con mayor responsabilidad en la contratación de los créditos internacionales que son necesarios para desarrollar grandes obras nacionales.

Aunque los nuevos paquetes de endeudamiento internacional que ha presentado el gobierno, que oscilan alrededor de más de 500 millones de dólares, serán ejecutados en diversos programas que parecen buenos argumentos para endeudarse -tales como la construcción de un nuevo hospital de maternidad, continuación de la construcción de la carretera Diego de Holguín o proyectos que ayudarán a la seguridad del país como reformar el sistema 911 y la inserción de los jóvenes-, hay que mencionar que se le debe exigir al gobierno transparencia en la utilización de dichos fondos y sobre todo que haya una política de endeudamiento público que responda a un proyecto de desarrollo nacional que incluya a todos los sectores del país.

Actividad Económica

Tal como lo demuestra el Índice del Volumen de la Actividad Económica (IVAE), el país aún se encuentra en recesión. Las acciones del gobierno para orientar la reactivación de la economía no han pasado de centrarse en el apoyo al sector agrícola, que ha sido, además, un apoyo con bastantes falencias.

Algunas de las acciones que se han implementado a un año del actual gobierno para apoyo del sector agrícola no se diferencian en gran medida de los gobiernos anteriores.

Una de las acciones ha sido la entrega de paquetes agrícolas a 350 agricultores, con la entrega de un quintal de fertilizante y 22 libras de maíz. Con esto el gobierno pretende incrementar la producción de cosecha en un 16% en este año con respecto a 2009, además de incrementar en 4% el área utilizada para cultivos. Sin embargo, esta medida ha sido muy cuestionada ya que dicha entrega de paquetes ha sido politizada como en años anteriores. Organizaciones de agricultores consideran esta medida como un programa asistencialista que no logrará sacar el agro adelante ya que fomenta la corrupción y es insuficiente, además de beneficiar a los grandes proveedores de insumos al Estado.

Otra de las acciones anunciadas para dicho sector, anunciadas recientemente, es la apertura de nuevas líneas de crédito: una para el subsector de granos básicos, la cual tendrá una tasa de interés de 8.75%, espera beneficiar a 31 mil productores, el financiamiento cubrirá 84 mil manzanas de terreno, además de crear 8 mil empleos adicionales al sector, según se anunció; la otra línea de crédito se destinará para el parque cafetalero, a una tasa de interés 7% con plazo hasta de 14 años.

Lo cierto es que aunado a estas acciones, el gobierno debe impulsar una política agraria integral que permita regular los precios de los insumos agrícolas, otorgar subsidios al sector, mayor acceso a crédito, asistencia técnica, investigación y desarrollo tecnológico, la cancelación de deudas agrarias, legalización de tierras, así como también la reactivación del Instituto Regulador de Alimentos.

Política Comercial

En materia de política comercial el gobierno de Mauricio Funes tampoco se diferencia del de Antonio Saca, puesto que continúa promoviendo y suscribiendo acuerdos comerciales en condiciones de grandes asimetrías para la economía de El Salvador. Dentro de ese marco, el día 19 de mayo del corriente año se firmó el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA), el cual no es sino un Tratado de Libre Comercio más que se circunscribe en el proceso de acumulación internacional de capital de las empresas transnacionales, en este caso, las empresas europeas.

Dado el pobre desempeño comercial que ha mostrado el país desde la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos (CAFTA-DR) resulta criticable que se continúe con este tipo de acuerdos comerciales; aunado a ello el CAFTA-DR ha traído como consecuencia negativa la imposición de millonarias demandas de empresas transnacionales contra el Estado salvadoreño aprovechando el marco jurídico que sustenta dicho acuerdo. En este sentido, el AdA continuará profundizando la deficitaria situación comercial del país y vulnerando más la soberanía nacional.

Al final, el AdA es otro instrumento más para favorecer a grupos económicos poderosos del país (empresarios azucareros y cafetaleros, entre otros) y va en detrimento de la producción nacional de sectores como la MIPYME y la agricultura que son los que generan la mayor cantidad de empleo. La política comercial del actual gobierno también incluye la negociación de un TLC entre el CA-4 y Canadá la cual ya se encuentra muy avanzada; vale decir que este acuerdo también beneficiará principalmente al sector azucarero, cafetalero y maquilero del país debido a que son los que concentran la mayor parte de las exportaciones salvadoreñas a Canadá.

Acceso a bienes y servicios de consumo estratégico

Ciertamente el acceso a bienes y servicios de consumo estratégico, a un año del inicio de la gestión Funes, tiene un resultado ambiguo debido, en primer lugar, a que muchas de las políticas de acceso no pueden ser evaluadas en tan corto plazo, y, segundo, porque se ha retrocedido en el acceso a algunos productos, como puede ser el gas propano, cuyo subsidio será “focalizado”. Otro servicio estratégico es la telefonía fija, cuyo cargo básico por la prestación del servicio fue reducida de $9.42 a $6.14. Si bien es cierto que dicha reducción acerca más el servicio a la población, la forma en que el órgano ejecutivo manejó la cuestión develó la fragilidad del mismo para ser consecuente con el discurso manejado al inicio de la gestión, dejó al descubierto la orientación política del gobierno.

En cuanto a los productos de la subsistencia, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas del índice de precios al consumo presenta un aumento a partir de enero de 2010, en un contexto de déficit sistemático de la balanza comercial de granos básicos, lo que atenta contra la seguridad y soberanía alimentaria del país.

El acceso a medicamentos y a educación básica son dos de los pilares que a priori pueden ser rescatados de la actual gestión. El primero de ellos con la creación del anteproyecto de Ley de Medicamentos, cuyas líneas generales podrían romper el control de las estructuras oligopólicas que operan en el país; el segundo, a través de la gratuidad efectiva de la educación básica, la entrega de paquetes escolares, la donación de uniformes, calzado, etc., y el acceso a alimentación en las escuelas. Esta última política no ha tenido, como pudo esperarse en su momento, repercusiones sobre el proceso inflacionario en el país.